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En el marco de la sesión plenaria, celebrada la tarde del martes 8 de noviembre, del Consejo de la Vivienda Social de Barcelona (CHSB), este órgano consultivo y de participación del Consorcio de la Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona aprobó su primera petición a las administraciones competentes, referente a la asignación de préstamos Next Generation EU para hacer frente a las dificultades de financiación con que se encuentran asociaciones, fundaciones y/o cooperativas a la hora de llevar a cabo promociones construidas o rehabilitadas.

Concretamente, el Consejo solicita al Estado un volumen de 10.000 millones de euros Next Generation EU en forma de préstamos reembolsables en un plazo de 40 años, de los cuales 10 años sean de carencia y 30 de amortización, y a un coste financiero cero, y solo con los gastos de gestión. En este sentido, sugiere que el Estado asigne los fondos prestables a agencias financieras autonómicas, a banca ética y entidades acreditadas de la economía social para que estos los distribuyan entre las entidades que se dedican a la promoción de vivienda de alquiler social que reúnan todos los requisitos necesarios.

La petición del Consejo viene a colación de una realidad actual difícil de gestionar en España, donde el parque de viviendas de alquiler social es claramente insuficiente. En concreto, representa solo un 1,6% de la totalidad del parque, ante el 15% de media en Europa. Así también, la cifra de inscritos a los Registros de solicitantes de vivienda de protección oficial es de 400.000 personas, y solo un 2,5% del parque de viviendas es social, por un 9,3% en la Unión Europea.

Todas estas cuestiones, así como la carencia de financiación privada para promover vivienda de alquiler social y el aumento de precios en la construcción, suscitaron la reclamación del Consejo, que desgranó su petición en otros puntos de interés.

Los fondos Next Generation EU, palanca de cambio

En este sentido, se pidió a la Generalitat la subsidiación de los créditos del ICF para la promoción de vivienda social para que resulte un tipo de interés fijo asumible, así como que las subvenciones NGEU para las promociones de vivienda de protección oficial de alquiler se puedan solicitar según el precio del módulo y que sea la misma Generalitat la que subvencione el diferencial entre los alquileres sociales y el precio de HPO de régimen general.

En otra línea, el Consejo también sugirió que el gobierno catalán implemente el mismo mecanismo que ha desarrollado el Ayuntamiento de Barcelona en lo referente a la garantía pública respecto de la financiación, en caso de impago de 5 cuotas del préstamo para promociones de vivienda de protección oficial de alquiler o de cesión de uso.

Ante estas peticiones, el Consejo hace una alusión directa a los fondos Next Generation UE, aprobados en julio de 2020 por el Consejo Europeo, y dotados con 806.900 millones de euros por el conjunto de los estados miembros, de los cuales 360.000 millones son en forma de préstamos reembolsables (con una correspondencia para España de 140.000 millones).

En paralelo, el balance del año 2021 del Plan por el Derecho a la Vivienda de Barcelona dejó algunos datos relevantes y positivos sobre la mesa. Entre otros, las 80.000 personas que han podido mantener su vivienda gracias a las ayudas al pago del alquiler, así como las 268 viviendas adjudicadas durante todo el año mediante la Mesa de emergencias, los 19 millones de euros otorgados en forma de ayudas a la rehabilitación por parte del Ayuntamiento y la Generalitat, que han permitido mejorar su edificio o vivienda a unas 12.500 personas, y las 10.800 personas nuevas que han podido alojarse en viviendas públicas en la ciudad entre 2016 y 2021.

El CHSB, un espacio de participación ciudadana

Constituido el 26 de febrero de 2007 como instrumento de generación de opinión y propuestas entre los ciudadanos, el Consejo es un órgano consultivo y de participación sobre la política de vivienda en la ciudad en el marco del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, formado por la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona.

Aproximadamente, lo conforman un centenar de miembros, en representación de la Generalitat y el Ayuntamiento, de los grupos políticos municipales, de organismos y empresas públicas relacionadas con la planificación y construcción de viviendas, de los consejos sectoriales de participación municipales, de las entidades sociales sin afán de lucro, de asociaciones y entidades de apoyo social para el acceso a la vivienda, de los entes cooperativistas, del movimiento vecinal, de los sindicatos, de fundaciones sociales, de las universidades, de los colegios y asociaciones profesionales, entre otras.

Dotado de unas funciones más específicas y una mayor implicación y seguimiento en la política de vivienda que marca el día a día de la ciudad de Barcelona, el Consejo surge de la experiencia vivida por el Grupo de Trabajo de Vivienda Social del Consejo Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona, que estimuló al Consorcio a crear este órgano.